Los presidentes entrantes
generalmente derogan o reinstauran esta política durante su primera semana en
el poder, simbolizando la postura que tomarán sobre temas de aborto durante su
mandato
Donald
Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, firmó el lunes 23 de enero una orden
ejecutiva reinstaurando la “política de Ciudad de México”, una regulación pro-vida internacional que impide al
gobierno de Estados Unidos financiar o promover el aborto en el
extranjero.
Esta
regulación es generalmente vista como un indicador de las opiniones del
presidente entrante sobre el aborto.
La
orden ejecutiva fue firmada un día después del aniversario de la sentencia de
la Corte Suprema sobre el caso Roe vs. Wade, con
el que se legalizó el aborto en todo Estados Unidos, en 1973.
Instituida
originalmente en 1984, por el entonces presidente Ronald Reagan, la “política
de Ciudad de México”, llamada así por la ciudad en la que fue anunciada,
determina que las organizaciones no gubernamentales extranjeras no pueden
recibir financiamiento de fondos públicos si realizan o promueven el aborto
como un método de planificación familiar.
En
los años que siguieron, la política de Ciudad de México se ha convertido en un
emblema de la postura del nuevo presidente sobre el aborto. Los presidentes entrantes
generalmente derogan o reinstauran esta política durante su primera semana en
el poder, simbolizando la postura que tomarán sobre temas de aborto durante su
mandato.
El
presidente Bill Clinton derogó esta política el 22 de enero de 1993. George W.
Bush la reinstauró el 22 de enero de 2001.
Barack
Obama la derogó nuevamente el 23 de enero de 2009, recibiendo críticas del
Vaticano.
Restaurar
la política de Ciudad de México no estaba entre las promesas que Trump hizo
durante su campaña presidencial.
El
nuevo presidente hizo otras promesas provida durante la campaña, entre ellas
nombrar jueces provida para la Corte Suprema; firmar una ley prohibiendo los
abortos tardíos; cortar el financiamiento público a la multinacional del aborto
Planned Parenthood y redistribuir ese dinero hacia centros de salud
comunitarios que no realicen abortos; y hacer una prohibición permanente para
que el dinero de los contribuyentes no financie abortos.
Traducido
y adaptado por David Ramos.
Publicado
originalmente en CNA
Fuente:
ACI Prensa